Presupuestos EU 2014-2020: Otro palo en la rueda

Desde que comenzó la crisis hemos tenido que seguir los dictámenes de la UE. Lógico puesto que cuando entramos en el Euro acatamos las normas, sin embargo vistos los datos y las prespectivas que se conocen quizás sería momento de pararse a reflexionar. El último varapalo a España ha tenido lugar en los Presupuestos para el período 2014-2020 en los cuales continúa primando la austeridad y los recortes.

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Para explicar de mejor modo lo que sucede pondré un símil. Imaginémonos que nos llamamos España y formamos parte de un negocio llamado UE con dos socios más, siendo ellos hermanos. Pues bien, si la empresa está perdiendo dinero día tras día por la política de ventas, en este caso la austeridad, sería momento de sentarse a buscar nuevas ideas para ponerlas en marcha y revertir la situación, como podrían ser los estímulos por parte de la demanda. Sin embargo, los otros dos hermanos llamados Bruselas y Alemania no están de acuerdo, ven la situación pero no les importa que la empresa llegue a la situación de suspensión de pagos mientras la inflación se encuentre bajo control. ¿Y por que? Pues xq en realidad Alemania tiene invertidos sus ahorros en la empresa de la competencia, el sector financiero, el cual sigue dándole rendimientos gracias a sus condiciones de deuda soberana y mientras por otro lado Alemania devuelve a Bruselas el favor de diversas maneras. Sin embargo, nosotros al tener otras condiciones, socavadas en parte por las políticas de austeridad adoptadas para mantener dicha inflación baja, no obtenemos ningún beneficio de esta situación, es más, cada día estamos peor. Por tanto, aquí está la explicación de por qué desde Alemania se insta a Bruselas a tener una actitud continuista en sus políticas y por qué Bruselas asiente a todo con la cabeza y como son mayoría hay que acatarlo.

Bueno, una vez explicada la coyuntura en que nos encontramos, esta semana se ha conocido que la UE ha entrado en recesión puesto que lleva seis meses de crecimiento negativo. Y para echarle más leña al fuego Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo, ha dado a conocer los presupuestos para el período 2014-2012 en los cuales España dejará de percibir 20.000 millones de euros. Los datos utilizados para crear dichos presupuestos son los correspondientes a 2007-2009 lo cual para hacernos una idea es como si Cervantes se hubiera inspirado en un cómic manga para escribir el Quijote.

Los países del norte han aplaudido estos recortes sin embargo los países del sur no dan crédito a que en la situación que se está atravesando se tomen estas medidas. Personalmente me parece absurdo que se siga haciendo caso a las peticiones de Bruselas si el resultado es este una y otra vez y mas aún viendo a donde siguen llevando a Grecia y Portugal los cuales, exagerando un poco, van a acabar diferenciándose de los países del tercer mundo únicamente en su posición geográfica.

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Es aquí cuando se debería ir a la definición inicial de Unión Europea la cual cito: ” unión para conseguir de manera solidaria una mejora en la calidad de vida y un crecimiento económico sostenible”. Pues bien, a las primeras de cambio, cuando las cosas se han torcido, parece que lo han olvidado o simplemente resulta que de lo que iba a ser en un inicio a lo que es actualmente no tiene nada que ver.

Para concluir, no quiero decir con todo esto que la solución sea un plantón a Bruselas y salir del Euro puesto que a estas alturas sería contraproducente y un suicidio económico, pero si habría que hacerse valer y decir que no nos apliquen a todos el mismo medicamento llamado austeridad que receta la doctora Merkel desde su despacho de hospital privado sin tener en cuenta las necesidades y particularidades de cada paciente, en este caso España.

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Indultos a políticos

Tras unos días de ausencia del blog por varios motivos, reaparezco para continuar realizando los análisis diarios de la noticia más importante del momento. Hoy toca elaborar una opinión sobre los indultos que se realizan desde el poder político a sus compañeros inmersos en casos de corrupción, lo cual me parece una clara intromisión en el poder judicial saltándose a la torera la división de poderes en España.

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En nuestro país existe la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Este organigrama de una sociedad lo creó Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes. Su justificación era evitar la tiranía y el uso del poder concentrado en las clases más privilegiadas de una sociedad lo cual es tan válido tanto para aquella época como para la que vivimos. Pues bien, parece que en la actualidad el Gobierno que es responsable del poder ejecutivo y legislativo se está inmiscuyendo en el judicial con una regularidad mayor de la deseada en un sistema justo, evitando a mi juicio que se cumplan los objetivos que buscaba Montesquieu.

Para entender el por qué de este análisis y aunque por muchos ya es sabido, hay que conocer que el Gobierno tiene capacidad para indultar a cualquier persona que esté involucrada en un proceso judicial o haya sido condenada. Puede parecer un disparate o no tener concordancia con la separación de poderes antes mencionada pero es uno de tantos privilegios de los que consta nuestra clase política y que seguramente si se hiciera un referéndum para votarlo habría que quitárselo puesto que, y siempre desde mi punto de vista, me fío más del dictamen de un juicio con sus distintas fases y resolución que del juicio de un político que se mueve por influencias y grupos de poder.

En unos tiempos de depuración de responsabilidades de la sociedad y en los que se está viendo que uno de los grandes problemas de España ha sido y sigue siendo la corrupción política, nos encontramos con el dato de que el Gobierno de Rajoy ha aumentado en un 49% los casos de indultos siendo la mayoría de a favor de otros políticos, normalmente del mismo partido, con casos pendientes de corrupción. Es fácil ver entonces como en vez de dejar al poder judicial realizar su trabajo y que cada sea dueño de sus actos, desde el Gobierno se evita que sus “amiguitos” quienes nos han robado nuestro dinero, sean juzgados como se haría en un país justo y libre.

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Es por todo esto que me permito concluir que lamentablemente tenemos una separación de poderes desde el punto de vista técnico pero no práctico. Esto ocurre en muchas facetas de la vida, sin embargo, que ocurra en los términos que he explicado anteriormente me parece muy grave porque desvirtúa el carácter equitativo de la justicia, puesto que a mí o a quien esté leyendo esto, a no ser que sea una persona de gran influencia o político, no va a venir ningún Presidente a indultarnos si metemos la mano en el cajón. Por tanto, desde 1978 que Montesquieu escribiese su obra, no se ha conseguido evitar la tiranía en nuestro país y eso que ya ha llovido desde entonces.

EL MERCADO DE LA VIVIENDA:

El mercado de la vivienda

Es conveniente entender las peculiaridades del mercado de la vivienda que pueden explicar los problemas principales que aparecen y los motivos de la intervención pública.

En principio, la decisión sobre compra o alquiler de la vivienda sería equi­valente. Un individuo puede optar por comprar la vivienda desembolsando un precio Vt, donde el subíndice t se refiere al momento de tiempo de la adquisi­ción, o pagar un alquiler At. Asumiendo mercados perfectos de capitales, la tasa de rentabilidad (r) de cualquier inversión debe igualarse por lo que el alquiler se determinará como:

At=r*Vt

Si el precio de todos los activos en los que podemos invertir creciera en la misma proporción, seríamos indiferentes entre comprar una vivienda o alqui­larla. Un individuo sería indiferente entre comprar la vivienda, pagando VT o invertir la cantidad VT en otros activos y con su rendimiento pagar el alquiler. Pero si el precio de la vivienda experimenta revalorizaciones superiores a las de los otros activos será más rentable la compra que el alquiler, o dicho de otro modo, la compra nos protege respecto a la subida de los alquileres como con­secuencia de la «valorización de las viviendas. La compra de vivienda puede tener otras ventajas respecto al alquiler, fundamentalmente el mayor poder de decisión sobre el mantenimiento y rehabilitación de la vivienda y la participa­ción en las decisiones de la comunidad de propietarios además de la seguridad en cuanto a la tenencia de la vivienda.

El mercado de la vivienda madrid 3

En España, la propiedad de la vivienda está más extendida respecto a lo que ocurre en otros países europeos de lo que podemos concluir que esas ventajas diferenciales propiedad/alquiler (o su percepción por los ciudadanos) son mayores en España.

En la evolución del precio de la vivienda hay que considerar que la ampliación de la oferta de viviendas no es instantánea sino que requiere un plazo de construcción (y en su caso de planeamiento y plazos administrativos).

Por ello la adecuación al cambio en la demanda de viviendas se hará vía encareci­do de los precios en el corto plazo. Otro factor importante que incidan el precio de te viviendas es la expectativa sobre su evolución futura. Con expectati­vas alcistas la oferta de venta se retraerá y la demanda aumentará con lo que los precios adelantaran hoy los incrementos de precios esperados

Un elemento importante que incide sobre el precio de la vivienda es su ubi­cación espacial. La centralidad y la estratificación económico-social influyen sobre el precio de la vivienda. Si estas características no son ampliables, su pre­cio crecerá ilimitadamente impulsado por una demanda creciente sobre una oferta rígida. Si son ampliables, por ejemplo la centralidad, el incremento de precio, afectara a te viviendas antiguas que irán siendo paulatinamente incluí- das en la zona central y no a las viviendas nuevas.

Un aspecto crucial a considerar es que el mercado de la vivienda es un mer­cado intervenido como consecuencia, principalmente, de la regulación del suelo. Este es un debate candente en España donde el precio de la vivienda se ha multiplicado por 7 en el periodo 1981-2003, donde el precio del m2 de vivienda viene creciendo a tasas del 15% desde el año 2000 y el ratio precio medio de la vivienda/ renta anual por persona se ha multiplicado por 3.

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POLÍTICAS DE VIVIENDA EN ESPAÑA:

Ayudas a la adquisición de vivienda

En primer lugar hay que considerar los incentivos fiscales. En el IRPF se establece una deducción en la cuota por adquisición o rehabilitación de vivien­da, de forma general, del 15% sobre las cantidades anuales destinadas a la com­pra de vivienda con un límite de gastos con derecho a deducción de 9015,18 euros. Si la vivienda se adquiere con financiación ajena este porcentaje se incre­menta, durante los dos años siguientes a la adquisición de la vivienda: el 25% sobre las cantidades pagadas hasta 4507,59 euros y el 20% sobre otros 4507,59 euros, manteniéndose por tanto el límite de cantidades pagan derecho a deduc­ción de 9015,18 euros. En los años siguientes el porcentaje de deducción es del 20% (sobre 4507,59 euros) y 15% (sobre 4507,59 euros). Por otra parte, el valor de la vivienda es gravada por todos los ayuntamientos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se considera un gasto deducible en los rendimientos inmobiliarios (alquileres) del IRPF y existen otros dos impuestos voluntarios de las Corporaciones Locales que gravan el precio de la vivienda: el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. A ello habría que sumar las contribuciones especiales que gravan a los propietarios de viviendas, las licencias de obra y la cesión obligatoria de suelo.

Tras la última reforma del IRPF (Ley 46/2002 de 18 de diciembre) se intro­ducen también incentivos fiscales al alquiler de viviendas, corrigiendo la perdida

de eficiencia generada como consecuencia de la distorsión fiscal en la elección entre las alternativas de adquisición o alquiler. Así, el 50% de los rendimientos netos derivados del alquiler de viviendas quedan exentos de tributar en el IRPF.

A considerar especialmente es a quien benefician los incentivos fiscales a la vivienda. Si la oferta de viviendas es rígida, los incentivos fiscales se trasladan a los vendedores de vivienda, en forma de mayores precios de venta o alquiler. El análisis de este problema requiere el estudio del tema 11 sobre incidencia impo­sitiva.

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Ayudas a viviendas de protección pública

El Sector Público subvenciona el tipo de interés de los préstamos hipoteca­rios o entrega subvenciones directas para la compra de viviendas de protección pública (viviendas con límite de coste y superficie) destinadas a familias con ingresos reducidos. Puede financiarse tanto al promotor como al adquirente, y también la construcción de viviendas destinadas al arrendamiento a familias de ingresos reducidos, la rehabilitación de viviendas y la urbanización de suelo destinado prioritariamente a viviendas de protección pública.

Regulación de los alquileres

Para evitar la incertidumbre sobre la extinción del alquiler y sobre su pre­cio, el Sector Público puede regular los alquileres tanto en cuanto a las condiciones de su extinción y a la revisión del alquiler. En España existen tres regu­laciones de los alquileres. Hasta 1985 la situación era de fuerte protección al inquilino que tenía asegurada la permanencia en la vivienda, él y las dos gene­raciones siguientes, excepto en el caso de necesidad justificada de uso por parte del propietario o de algún hijo y un incremento mínimo anual del alquiler. En 1985 el Decreto Boyer liberalizó los alquileres concediendo libertad absoluta al propietario para fijar la duración y el precio del alquiler. Finalmente, la refor­ma de la Ley de Arrendamientos Urbanos amplió a cuatro años la vigencia de los contratos de alquiler, limitando su revisión en ese plazo al IPC. Para los contratos anteriores a 1985 se estableció un régimen de actualización de los alquileres en función de la renta de los inquilinos con el objetivo de igualar finalmente su precio al de mercado.

El problema del control de alquileres es que desincentiva la ampliación de la oferta de viviendas en alquiler pudiendo generar el efecto contrario al buscado de reducción del coste del arrendamiento. Para las viviendas ya arrendadas la congelación de su renta llevará al propietario a descuidar el gasto de manteni­miento y rehabilitación con lo que la imposibilidad de actualizar las rentas con­ducirá a la reducción de la calidad de los servicios de vivienda suministrados

Regulación del suelo

La vigente Ley del Suelo (ley 6/1998 de 13 de Abril) sustituye a la Ley 8/1990 de 25 de Julio, declarada inconstitucional en una buena parte de sus disposiciones. La Ley establece una distinción entre el suelo urbano que dispone e in reestructuras y condiciones suficientes para su utilización inmediata, encontrándose en un área urbana consolidada, el suelo no urbanizable, así declarado por el planeamiento por sus especial protección debido a valores pai­sajísticos, ambientales, históricos o agrícolas y el suelo urbanizable: aquel que no es suelo urbano o no urbanizable que puede transformarse en suelo urbano una vez que exista el planeamiento correspondiente. La distinción entre suelo urbanizable programado y no programado ha sido eliminada, suprimiendo unos de los trámites a realizar en el proceso que conduce hacia la efectiva ofer­ta de suelo para la edificación. También se faculta a los propietarios de suelo urbanizable a instar a la Administración a la aprobación del planeamiento de desarrollo. De acuerdo con el reparto constitucional de competencias en mate­ria urbanística (Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de Marzo de 1997) al Estado sólo le corresponde “regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad del suelo”, por lo que el grado de intervención regulatoria sobre la oferta de suelo depende de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

La justificación de la regulación del suelo ha de buscarse en la necesidad de planeamiento en el crecimiento de las ciudades y en asegurar las infraestructuras necesarias a bajo coste. Sin embargo, se argumenta que la regulación del suelo lo encarece por cuanto limita la oferta de suelo, lo somete a plazos y trámites admi­nistrativos, condiciona las posibilidades de edificación y establece la cesión del 10% del suelo a los Ayuntamientos. Para muchos expertos, la regulación del suelo genera su racionamiento y su encarecimiento lo que explicaría que el suelo represente hoy el 45% del precio de venta de una vivienda, con un crecimiento del precio del suelo de 2,5 veces entre 1990 y 1999, contribuyendo de forma muy importante al encarecimiento de los precios de venta de las viviendas. Naturalmente que existen otros factores explicativos del crecimiento del precio de las viviendas, desde la mejora de la situación económica, el encarecimiento de los costes de construcción, la disminución de los tipos de interés que abarata la compra a crédito o la formación de una burbuja especulativa en el merado de vivienda, donde la expectativa de alzas del precio incrementa la demanda hoy lo que lleva a incrementos de precios, confirmando las expectativas de crecimien­tos futuros y la conveniencia de la demanda actual de compra.

IMPUESTOS INDIRECTOS: VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN

La imposición indirecta recae sobre los productos mediante el gravamen de la producción venta, importación o exportación de bienes y servicios.

Sabemos que su incidencia real sobre los compradores (aumento del precio para el comprador) y sobre los vendedores (disminución del precio del vendedor) no depende de la incidencia legal (quien deba soportar el impuesto según la ley) sino de las elasticidades de la demanda y la oferta y que en situaciones normales el impuesto es pagado tanto por compradores como por vendedores.

Impuestos indirectos madrid

La parte del impuesto que recae sobre los compradores encarece el consumo. La parte del impuesto que recae sobre los productores disminuye la rentabilidad de las inversiones en las empresas productoras, lo que puede desincentivar el ahorro y la inversión.

En estos impuestos, salvo en el Impuesto sobre el Gasto Personal que analizábamos en el tema 13 como alternativa al actual Impuesto sobre la Renta, no se realiza una declaración anual de las bases impositivas, sino que el impuesto es recaudado por las empresas vendedoras (normalmente se establecen como impuestos sobre las ventas) que lo ingresan en la Hacienda Pública. Debido a la inexistencia de una declaración personal de bases impositivas no pueden tenerse en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, a diferencia de la imposición directa. Por esa misma razón, los impuestos indirectos son proporcionales, se aplica el mismo tipo impositivo sobre cada acto de consumo. La aplicación de tipos progresivos requeriría el conocimiento de la cantidad global consumida por el contribuyente a través de una declaración personal. Si combinamos tipos impositivos proporcionales sobre el consumo con la disminución de la proporción que representa el consumo sobre la renta a medida que crece esta última, podemos concluir que los impuestos indirectos son regresivos sobre la renta. Esta regresividad puede disminuirse estableciendo impuestos especiales sobre productos de lujo consumidos por las rentas altas.

Podemos clasificar los impuestos indirectos atendiendo al siguiente esquema:

a) Especiales

b) Generales

  • Monofásicos
  • Multifásicos (Acumulativos y no acumulativos)

Impuestos indirectos madrid 2

IMPUESTOS INDIRECTOS ESPECIALES

Los impuestos indirectos especiales gravan el consumo o la producción de determinados productos (en una sola fase del proceso productivo, son por tanto monofásicos y normalmente en la fase de venta al consumidor) mientras que los impuestos indirectos generales gravan el consumo o la producción de todos los productos. En el caso español, como veíamos en el tema 10, los impuestos estatales indirectos especiales comprenden los aranceles sobre el comercio exterior y los impuestos sobre los hidrocarburos, el tabaco, el alco­hol, la cerveza, determinados medios de transporte, la electricidad y las primas de seguro.

Justificación

La justificación económica de estos gravámenes selectivos se basa en las siguientes razones:

Conseguir la producción eficiente de bienes que generan externalidades nega­tivas

La asignación eficiente requiere que el precio se iguale con el coste marginal de producción más el daño marginal social. La producción eficiente puede con­seguirse a través de un impuesto (por valor del daño marginal social para la can­tidad de óptimo social). Esta sería la justificación de la imposición sobre los hidrocarburos, tabacos y alcohol que generan externalidades negativas. El impuesto reduce el consumo de estos productos y por lo tanto reduce el daño causado, además de hacer recaer el coste que ocasionan sobre sus consumidores.

Minimizar el exceso de gravamen ocasionado por la imposición indirecta

Lo que conducirá al gravamen de productos con demanda rígida. Así se justificaría también el gravamen sobre el tabaco, el alcohol y los hidrocarburos.

Redistribución de la renta

Si se quiere introducir progresividad en la imposición indirecta sobre el consumo y no existe un impuesto personal sobre el gasto en consumo, puede acudirse al gravamen de productos de lujo que son comprados por los niveles altos de renta. Así se justificaría la imposición sobre joyas, peletería, ciertos vehículos o embarcaciones, etc. El grado de progresividad alcanzado depende­rá de en que medida esos bienes sean efectivamente de lujo.

Protección de la producción nacional frente al exterior

Se trata de los aranceles o derechos aduaneros que gravan las importaciones.

Tipos específicos y ad valorem

La imposición especial puede realizarse con tipos específicos (impuestos por unidad) o ad valorem (impuestos que gravan con un determinado tipo impositivo el precio del producto).

Si de lo que se trata con estos impuestos es de reducir el coste social que ocasionan, la imposición debe ser específica sobre aquellas características del producto que ocasionan el daño externo. Si el impuesto se establece sobre el precio, aquellos productos de mayor precio soportarán un mayor gravamen aunque el daño externo que causen sea menor. Por ejemplo, serán gravados fuertemente las bebidas caras aunque su contenido alcohólico sea menor, redu­ciéndose el consumo de los productos caros e incrementándose el de los bara­tos que pueden tener un mayor contenido alcohólico, incrementándose el daño social.

Impuestos indirectos madrid 3

IMPUESTOS INDIRECTOS GENERALES MONOFÁSICOS

Estos impuestos gravan el valor de las ventas de todos los productos en una sola de las fases de la cadena: fabricante –       mayorista-minorista-consumidor. Aún cuando el gravamen recaiga sobre una cualquiera de las fases, el impuesto se traslada hacia delante, de tal forma que finalmente recae sobre el consumidor.

Respecto a estos impuestos se plantea la fase optima para establecer el impuesto atendiendo a los criterios de sencillez en la administración del impuesto y eficiencia.

Desde el punto de vista de la sencillez es mejor establecer el impuesto lo más alejado de la fase final, dado que el número de contribuyentes a controlar es menor en las primeras fases.

Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia es preferible situar el impuesto en la fase final, esto es sobre las ventas de los minoristas. Un impues­to sobre las ventas de los fabricantes estimulará que ciertas actividades fueran realizadas por los mayoristas para que así quedaran exentas del impuesto. Por ejemplo, los fabricantes crearían empresas de comercialización mayorista que asumirían las tareas de publicidad, empaquetado o almacenamiento, de tal forma que por razones fiscales y no necesariamente económicas, se produciría una alteración de la asignación de actividades. Así mismo, se estimularía que los fabricantes se localizaran cerca de las fuentes de materias primas para minimi­zar el coste de transporte de las materias primas que se incluye dentro del pre­cio de venta del fabricante y que por tanto está gravado con el impuesto sobre las ventas del fabricante. El transporte de los productos terminados no se inclu­ye dentro del precio de venta del fabricante por lo que no estaría sometido al impuesto lo que justificaría la preferencia por la minimización del coste de transporte de las materias primas frente a la minimización del coste de trans­porte de los productos terminados.